Implementación de la Ley de Transparencia en materia de consultas de la comunidad, en la Seremi de Obras Públicas de la Quinta Región

Abstract

La Ley 20.285, mejor conocida como “Ley de Transparencia”, data del año 2008 y tiene sus orígenes en la Ley 20.050, que introduce reformas a la Constitución Política. Desde su promulgación, el 20 de abril de 2009, esta nueva ley establece cuatro principios básicos: La transparencia de la función pública. El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado. Los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo. Las excepciones a la publicidad de la información. Gracias a estos cuatro principios, los servicios públicos pertenecientes a la Administración del Estado se ven obligados a hacer públicos “todos sus actos, resoluciones, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación”, salvo las excepciones que establezca la misma ley y otras leyes de quórum calificado. En este caso, la investigación que se presenta analiza las consecuencias que ha tenido, en la Oficina Administrativa de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la Quinta Región, la aplicación de la Ley de Transparencia en materia de acceso a la información de la comunidad, evaluando la capacidad de respuesta de este organismo a los requerimientos que demanda la implementación, así como la mantención de la ley.