El gobierno regional y la incorporación de la firma electrónica : un avance hacia la modernización

Las cifras indican que Chile, comparado con otros países de América Latina, ha experimentado un enorme avance en términos del número de usuarios de internet, porcentaje de penetración de la red global, cantidad de navegantes que usa banda ancha, número de líneas de telefonía móvil en servicio y proporción de PC/Servidores por habitante. Al mismo tiempo, todo indica que se han ido cumpliendo los objetivos relacionados con la expansión y consolidación del gobierno electrónico, con el propósito de que nuestro país se encuentre digitalmente desarrollado. Este avance obedece a una política clara y decidida del Gobierno de Chile, la cual queda establecida a partir de una serie de instructivos Presidenciales: "El día 11 de mayo de 2001 S. E. el Presidente de la República emitió un Instructivo sobre Gobierno Electrónico en el que se instaba al uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones en los Servicios Públicos con el objeto de mejorar la atención a los ciudadanos, lograr mayor eficiencia y eficacia en el funcionamiento del Sector Público, y aumentar las oportunidades de desarrollo democrático, especialmente facilitando el acceso a la información y por tanto la transparencia en el quehacer del Estado." (ORO. N° 341/04, en el que se imparten instrucciones sobre aplicación de procedimientos electrónicos). Dentro del plan de modernización del Estado, se han destacado como prioridades el desarrollo y la masificación de nuevas tecnologías de información, dentro de las cuales se reconoce a Internet como la principal oportunidad de crecimiento y desarrollo de los países dentro del nuevo milenio, representando nuevas expectativas dentro del marco de la denominada nueva economía. "De esta manera, queda planteado el desafío de que los organismos públicos deberán estimular la utilización de los servicios disponibles en Internet. (GAB. N° 003/01, instructivo presidencial sobre política nacional para la participación activa de los organismos públicos en el uso de Internet).